El Gobierno nacional dispuso nuevas medidas para prevenir el encubrimiento y el lavado de activos de origen delictivo. Estas medidas fueron formalizadas mediante el decreto 496/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
Según el decreto, las entidades obligadas deberán clasificar como "Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo" aquellas transacciones que presenten alguna de las siguientes características:
- Los bienes o activos involucrados son propiedad directa o indirecta de una persona, entidad o institución designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Las personas o entidades que ejecutan la operación están designadas por el mencionado Consejo.
- El destinatario o beneficiario de la operación es una persona o entidad también designada por Naciones Unidas.
Adicionalmente, las entidades obligadas deben proceder de inmediato al congelamiento de los bienes o activos involucrados en tales operaciones cuando se constate alguna de estas circunstancias. Este congelamiento debe incluir:
- Todos los fondos y activos pertenecientes o controlados por la persona o entidad designada, no solo aquellos vinculados a actividades terroristas específicas.
- Bienes y activos controlados total o parcialmente, de manera directa o indirecta, por personas o entidades designadas.
- Activos derivados o generados por bienes pertenecientes o controlados directa o indirectamente por dichas personas o entidades.
- Bienes y activos de personas y entidades que actúan en nombre de o bajo la dirección de personas o entidades designadas.
Además, es obligatorio informar de inmediato a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre la aplicación de la medida de congelamiento y emitir sin demora un "Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo". Posteriormente, la UIF deberá notificar al juez federal competente sobre la medida adoptada.
El decreto también amplía el alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), para incluir a aquellas personas o entidades que, según el criterio fundamentado de los órganos del Poder Ejecutivo Nacional, representen una amenaza actual o potencial a la seguridad nacional.
El Ministerio de Justicia ha sido autorizado para dictar las normas complementarias, operativas y procedimentales necesarias para la implementación de estas medidas.
En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo destacó que "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel obligan a tomar medidas que contribuyan a la paz y estabilidad internacional".
Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y la protección de la seguridad nacional e internacional.
