Las autoridades británicas han intensificado su campaña contra la libertad de expresión, utilizando el pretexto de las "opiniones de odio" para justificar una censura cada vez más estricta. La Fiscalía Pública ha advertido que incluso compartir contenido crítico en redes sociales podría llevar a la cárcel, y ha arrestado a 3.300 personas por comentarios en línea. La postura de las autoridades no es del todo novedosa, pero ha alcanzado un nuevo nivel de rigor, y ahora también se extiende a aquellos que simplemente comparten contenido crítico.
Las advertencias han generado una ola de preocupación entre defensores de la libertad de expresión, quienes ven en estas medidas una amenaza directa a los derechos fundamentales.
