La Legislatura estatal de Luisiana aprobó este lunes un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica como parte de la condena a personas convictas por ciertos delitos sexuales graves. La medida, que ha generado un intenso debate, fue aprobada con una mayoría significativa y ahora se dirige al escritorio del gobernador Jeff Landry, quien deberá decidir si la convierte en ley.
El Proyecto de Ley Senatorial 371, que fue aprobado en mayo pasado por el Senado, ha superado una ronda de enmiendas en la Cámara Baja y ofrece a los jueces la opción de sentenciar a la castración quirúrgica a individuos condenados por delitos sexuales agravados, incluidos violación, incesto y abuso sexual contra niños menores de 13 años.
Actualmente, los jueces en Luisiana ya tienen la discreción de ordenar la castración química como parte de la sentencia para delitos sexuales agravados. Esta medida menos invasiva ha sido utilizada en casos recientes, como el de un hombre condenado por violar a tres menores. Sin embargo, la nueva legislación, presentada por la senadora demócrata Regina Barrow, pretende añadir la opción de castración quirúrgica para los crímenes más atroces.
«La castración quirúrgica es una respuesta adecuada y necesaria para aquellos que cometen delitos sexuales imperdonables contra niños», declaró Barrow, según informó Louisiana Radio Network. «No hay justificación alguna para la agresión a un niño. Es nuestro deber proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad».
El proyecto de ley recibió un respaldo abrumador de los legisladores republicanos. En la Cámara Baja, la representante Delisha Boyd subrayó la necesidad de medidas más severas para delincuentes sexuales reincidentes, citando el caso reciente de un hombre de 51 años de Baton Rouge, arrestado por la presunta violación de una niña de 12 años, y que ya había sido acusado en 2007 por un cargo de violación agravada de un niño de 5 años.
«Estamos lidiando con individuos que no muestran ningún remordimiento y que son un peligro constante para nuestros niños», afirmó Boyd. «Necesitamos herramientas más fuertes para prevenir que estos crímenes devastadores se repitan».
Si el gobernador Landry firma el proyecto de ley, la nueva legislación entrará en vigor el 1 de agosto.
